El reto permanente de adaptar y evolucionar las redes de infraestructuras de recarga públicas

ALEJANDRO VALDOVINOS | Business Unit Director en Circontrol

El impacto de la continua evolución normativa y la necesidad de ayudas para sufragarlo 

En la primera etapa de desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (IRVEs) en España, que abarca los últimos 15 años, se ha alcanzado la instalación de más de 40.000 cargadores de acceso público. Este esfuerzo se ha llevado a cabo con el objetivo claro de impulsar la electromovilidad y satisfacer la necesidad principal de recarga de los primeros usuarios consolidados de vehículos eléctricos (excluyendo los vehículos híbridos, y considerando sólo los BEV), que actualmente representan poco más del 1% del parque de turismos nacional, y algo más del 5% de las nuevas matriculaciones de turismos en 2024.

Un porcentaje significativo de esta infraestructura de recarga corresponde a puntos de recarga conectados y comunicados, de los cuales más del 75% están siendo gestionados por empresas que actúan como CPOs (Operadores de Puntos de Recarga) y eMSPs (Proveedores de Servicios de Movilidad). Estas empresas están ofreciendo cada vez más servicios a sus clientes gracias a la comunicación continua entre las estaciones de recarga y sus plataformas operativas, lo que permite la implementación de estrategias de fidelización, precios dinámicos para incentivar la rotación de las plazas y mecanismos para penalizar el uso indebido de las mismas.

La publicación de nuevas normativas en 2024 y las previstas para 2025 implican la integración de funciones y elementos adicionales en los cargadores, tanto de tecnología AC como DC, lo que afectará directamente a su funcionamiento. A continuación, se resumen las principales medidas: 

• Reglamento Europeo AFIR (a partir de julio de 2024): Se exigirá disponer de una solución de pago universal y accesible, complementaria a las aplicaciones de los operadores de recarga. Dependiendo de la potencia, las exigencias son las siguientes: 

  •  IRVEs > 50 kW (principalmente DC): Se requerirá un dispositivo de pago con lector contactless (TPV), con un coste aproximado de un 10% del valor de la IRVE DC en caso de retrofit. 

  • IRVEs < 50 kW (principalmente AC): Se exigirá un mecanismo de pago seguro mediante QR, con un coste aproximado del 30% en retrofit. 

    
    

• Metrología – Orden ITU/1475/2024: Esta reforma, que modifica la Orden ICT/155/2020, establece un anexo dedicado a las exigencias metrológicas de las IRVEs de acceso público. La incorporación de funcionalidades metrológicas será obligatoria para nuevos proyectos a partir de enero de 2027 y para la reforma de proyectos existentes desde enero de 2029. Las IRVEs deberán proporcionar información detallada y transparente sobre la carga y las tarifas aplicadas. Los costes estimados para los retrofit son del 20-25% para IRVEs DC y del 40% para IRVEs AC, en caso de que sea posible llevarlo a cabo. 

• Obligación de comunicación a REE y CNMC: Los CPOs y eMSPs deberán comunicar a Red Eléctrica Española y a la CNMC los datos dinámicos sobre la disponibilidad de las estaciones de recarga y las tarifas mediante el protocolo OCPI. En el caso de los puntos de recarga no gestionados por operadores especializados, plataformas neutrales o los propios fabricantes deberán facilitar este intercambio de datos a partir de finales de 2025. 

• Implementación de la norma ISO 15118: Esta norma representa un avance crucial hacia la modernización de la infraestructura de recarga, especialmente con su modalidad Plug&Charge, que permite a los conductores cargar sus vehículos sin necesidad de autenticar su identidad mediante tarjetas o aplicaciones móviles. La adopción de la ISO 15118 mejorará la experiencia del usuario y optimizará la interoperabilidad entre diferentes operadores. Sin embargo, su integración en la infraestructura existente presenta desafíos significativos, ya que muchos cargadores requerirán renovaciones de hardware y software. 

Estas exigencias destacan dos aspectos clave para los promotores de infraestructura de recarga pública: la necesidad de seleccionar equipos y fabricantes que permitan realizar retrofits en instalaciones ya existentes y la importancia de contar con ayudas para llevar a cabo estas modificaciones sin que resulten prohibitivas para los operadores.

La perspectiva de no poder adaptar los cargadores existentes a estos nuevos requisitos tecnológicos es un escenario preocupante para los promotores de infraestructura de recarga (tanto organismos públicos como operadores), ya que un alto porcentaje de los cargadores aún no se ha amortizado, y la ocupación media no supera el 10%. El periodo medio de amortización se encuentra entorno a los 14 años. 

Ante este panorama de cambios constantes, se recomienda a los promotores de IRVEs de acceso público realizar un análisis exhaustivo al elegir a un proveedor, ya que la electromovilidad es un proceso de largo plazo con múltiples metas intermedias. Es fundamental pensar más allá de las soluciones puntuales y contemplar los cambios que se producirán en los próximos años. 

Para Circutor, ha sido esencial garantizar la especificación adecuada de nuestros equipos y soluciones en colaboración con nuestros clientes, promoviendo relaciones profesionales a medio-largo plazo y siendo transparentes en cuanto a las exigencias normativas y sus implicaciones. Actualmente, estamos inmersos en la planificación de retrofits de TPVs contactless para cargadores DC, con el objetivo de cumplir con los requisitos del reglamento AFIR. Durante 2025, confiamos en ampliar estos retrofits a cargadores AC y en ofrecer soluciones que cumplan con las exigencias metrológicas tanto para nuevos cargadores AC y DC como para posibles retrofits.